jueves, 20 de agosto de 2009

PROYECTO DE ORDENANZA: DEFENSOR DEL PUEBLO

ESTE ES EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2009 HE PRESENTADO ANTE EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ANDRES DE GILES, PROPONIENDO LA CREACION DEL " OMBUSDMAN " O DEFENSOR DEL PUEBLO DE SAN ANDRES DE GILES.
TAMBIEN LA TRANSCRIPCION DE LA NOTA DE PRESENTACION DIRIGIDA AL PRESIDENTE DEL HCD PROFESOR GUSTAVO LENNARD.

SAN ANDRES DE GILES, 20 DE AGOSTO DE 2009.-


AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PROFESOR GUSTAVO LENNARD
Presente.-

De mi más alta estima:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a los demás Señoras y Señores Concejales del Partido de San Andrés de Giles, con el objeto de hacerle llegar el resultado de un trabajo de investigación y desarrollo que he realizado, con respecto a la figura del “Ombusdman” o Defensor del Pueblo como Institución.
El trabajo mencionado, fue motivado por la convicción que poseo respecto de la necesidad de trabajar en pos de contribuir a la ayuda y el bienestar de mis conciudadanos. Como así también, en helecho de compartir las inquietudes de muchos vecinos en lo cotidiano, debido a las diferentes actividades que desarrollo en el ámbito personal, como la intervención desde hace algún tiempo en el programa periodístico Reseña Informativa emitido por FM Libre, la militancia en la Unión Cívica Radical, y otras que no vienen al caso en este particular.
Desde hace algún tiempo y en días muy próximos pasados, he intercambiado pareceres con muchos vecinos que al igual que quien suscribe, consideran que en nuestra Ciudad debería de existir la institución del Defensor de Pueblo.
Atento a lo expuesto, he desarrollado un proyecto de Ordenanza para que en el seno del Cuerpo que usted Preside, sea considerado, siempre y cuando; exista la voluntad en algún edil que lo integra, de hacerlo propio para su tratamiento.
Sin ser para más, propicio esta oportunidad para hacerle llegar a usted y a los demás ediles mis saludos con distinguida consideración.



Atentamente.-






Guillermo Luis Balmaceda
D.N.I. Nº 27.459.908






PROYECTO DE ORDENANZA


VISTO:

Los alcances de los artículos 86 de la Constitución Nacional y 55 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
La necesidad de instrumentar la institución del Defensor del Pueblo.

Y CONSIDERANDO:
Que la Constitución de la Provincia, en su artículo 55 incorpora la figura del Defensor del Pueblo como tutor de los derechos propios y colectivos de los habitantes en caso de acciones u omisiones provenientes de la Administración Pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas el Estado.
Que en días pasados, por diferentes medios, vecinos de nuestra ciudad se han manifestado de manera publica respecto a la falta de una institución que se dedique exclusivamente a defender los derechos de los ciudadanos de San Andrés de Giles como consumidores.
Que en el caso de los servicios públicos se le asigna la función de supervisar la eficacia de los que tenga a cargo la provincia o sus empresas concesionarias, y para cumplir sus funciones se le reconocen amplias facultades, e independencia funcional y política.
Que, resulta indispensable que en el ámbito de nuestra ciudad se pueda contar con el instituto del Defensor del Pueblo, como un órgano municipal funcionalmente independiente.
Que, su función sea la de fiscalizar la actividad de los funcionarios municipales, órganos y entes públicos o aquellos que realicen actividades públicas, en todos aquellos aspectos que comprometan o afecten, actual o potencialmente los derechos o intereses propios o colectivos de los ciudadanos y habitantes del Partido de San Andrés de Giles.
Que, con la creación de esta figura, se brinda a todos los ciudadanos de nuestro partido de un ente que pueda satisfacer todos sus reclamos en forma integral y cubre un vacío muy importante que surge de la representación en la defensa de los derechos de pertenencia difusa o colectiva de la comunidad.
Esencialmente, este defensor es un tramitador de los asuntos públicos, que carece de jurisdicción, pero investiga, critica, hace públicas sus opiniones, recibe denuncias y les da el trámite correspondiente.

Que, el defensor del pueblo no revoca directamente ningún acto administrativo, pero con su tarea, puede ser un eficaz supervisor de la administración y colaborar en que esta cumpla su cometido.

Que, el defensor del pueblo debe ser un verdadero gestor de la transparencia administrativa.

Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIVERANTE DE SAN ANDRES DE GILES, EN QUORUM LEGAL Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LO SIGUIENTE CON FUERZA DE:

ORDENANZA


CAPITULO I
CREACION, OBJETO Y MISION DEL
DEFENSOR DE PUEBLO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE GILES

Artículo 1º: Créase en el ámbito del municipio de San Andrés de Giles, la Institución del DEFENSOR DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE GILES, en adelante "Defensor del Pueblo", órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional administrativa, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad.
Su objeto es la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la legislación vigente, de los habitantes del Municipio de San Andrés de Giles frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas, que comprometan los referidos derechos e intereses.
Artículo 2º: En cumplimiento del objeto descrito en el artículo 1º, el Defensor del Pueblo tendrá la misión de supervisar la actividad administrativa del Departamento Ejecutivo Municipal y demás organismos citados, como así también el accionar de los concesionarios, contratistas o prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de uso de bienes de dominio municipal, en todos aquellos casos que comporten arbitrariedades, errores administrativos, deficiencias, abusos, negligencias, demoras excesivas en los trámites, irregularidad administrativa y toda otra forma de menoscabo de los derechos mencionados en el artículo precedente.
CAPITULO II
DESIGNACIÓN, DURACIÓN, CONDICIONES E
INCOMPATIBILIDADES
Designación.
Artículo 3º: El Defensor del Pueblo será designado por el Honorable Concejo Deliberante en Sesión Especial convocada a tal fin, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros de acuerdo al procedimiento establecido en la presente Ordenanza.
Procedimiento para la Designación.
Artículo 4º: El procedimiento para la designación del Defensor del Pueblo se pondrá en marcha ciento cincuenta (150) días antes de la fecha de expiración de su mandato, o inmediatamente después de producida la vacante en los supuestos de los incisos a) c) y d) del artículo 32, mediante convocatoria efectuada por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante a la presentación de candidaturas para la designación del Defensor del Pueblo de San Andrés de Giles, la que será difundida ampliamente y publicada en al menos un medio gráfico local y un medio nacional. Los candidatos deberán ser presentados ante el Honorable Concejo Deliberante de la siguiente forma:
Uno (1) a propuesta de cada una de las Sociedades de Fomento de las localidades en las que estuviesen conformadas , los que arbitrarán los medios conducentes a garantizar la participación de las localidades rurales del Partido de San Andrés de Giles en el procedimiento de selección, con una convocatoria amplia y abierta a la comunidad. Un mismo candidato podrá ser propuesto por más de una Sociedad de Fomento. Uno (1) a propuesta de cada uno de los Bloques de Concejales con representación en el HCD del Partido de San Andrés de Giles. Un mismo candidato podrá ser propuesto por más de un Bloque.
Uno (1) a propuesta de la “Comisión de Nominación” invitándose a integrar la misma a las siguientes entidades representativas de la comunidad de San Andrés de Giles: Centro de Comercio e Industria de San Andrés de Giles, Sociedad Española de Socorros Mutuos, Sociedad Italiana Porvenir de Italia, Sociedad Rural de San Andrés de Giles, Asociación de Bomberos Voluntarios, Club Argentino de Servicios y toda otra institución de San Andrés de Giles que manifieste fehacientemente su voluntad de participar.

Artículo 5º: El plazo para la presentación de propuestas de candidatos al cargo de Defensor del Pueblo vence indefectiblemente a los 90 (noventa) días de la fecha en que se efectuara la convocatoria referida en el artículo precedente.
a) Las propuestas serán presentadas por Mesa de Entradas del Honorable Concejo Deliberante, junto al detalle de los antecedentes curriculares del candidato, anexando toda documentación que se estime pertinente a fin de avalar las candidaturas.
b) Vencido este plazo, la Secretaría del Honorable Concejo Deliberante procederá a publicar dentro de los 5 (cinco) días la lista de postulantes, debiendo arbitrar los medios necesarios a efectos de poner al alcance de la ciudadanía la totalidad de los antecedentes curriculares presentados por los mismos.
c) Quienes deseen formular observaciones o impugnaciones respecto de los candidatos propuestos, deberán hacerlo por escrito en los 10 (diez) días siguientes a la fecha de la publicación de la lista de postulantes establecida en el inciso precedente, debidamente fundadas y avaladas con su firma, debiendo fundar las mismas en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes.
d) Los postulantes tendrán acceso a las referidas impugnaciones durante los 5 (cinco) días siguientes a la fecha de cierre de plazo para la presentación de impugnaciones, término en el que podrán efectivizar su descargo.
e) Cumplido lo expuesto en el párrafo anterior, el Honorable Concejo Deliberante, a través de su Presidencia, convocará a una Audiencia Pública a los efectos de considerar las impugnaciones con la presencia de los candidatos, la que deberá realizarse dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días del plazo establecido en el inciso precedente. Será de aplicación el Decreto del Honorable Cuerpo o normativa que lo reemplace, referido al desarrollo de las Audiencias Públicas.
f) Las impugnaciones y/u observaciones serán resueltas por el Honorable Concejo Deliberante en sesión especial convocada al efecto, previo dictamen de una Comisión Especial conformada por las Autoridades del Honorable Cuerpo y los Presidentes de los Bloques Políticos que integran el mismo. La Comisión deberá expedirse dentro de los 15 (quince) días de celebrada la Audiencia y la Sesión Especial se realizará dentro de los 5 (cinco) días de la resolución de la Comisión.
g) El Honorable Concejo Deliberante procederá a elegir al Defensor del Pueblo de San Andrés de Giles en Sesión Especial a realizarse en un plazo no mayor a los 30 (treinta) días de la fecha del vencimiento previsto en el inciso anterior.

Artículo 6º: Si ninguno de los candidatos propuestos reuniere las condiciones estipuladas en la presente Ordenanza o no obtuviere la mayoría de votos requerida para su designación, el Honorable Concejo Deliberante declarará desierta la cobertura del cargo de Defensor del Pueblo, debiendo reiniciar de inmediato el procedimiento previsto en el artículo 4º. En este supuesto, se prorrogará automáticamente el mandato del Defensor del Pueblo en ejercicio hasta la designación de su sucesor.
Artículo 7º: El Defensor del Pueblo electo asumirá su cargo el mismo día en que expire el mandato de su antecesor, previo juramento de desempeñarlo fielmente ante el Honorable Concejo Deliberante, en Sesión Especial convocada a tal efecto.
Duración.
Artículo 8º: El Defensor del Pueblo de San Andrés de Giles durará en sus funciones el término de cinco (5) años y podrá ser reelecto una sola vez en forma consecutiva, pudiendo volver a ocupar el cargo luego de haberse interrumpido por al menos un periodo.
Condiciones.
Artículo 9º: Para ser designado Defensor del Pueblo se requiere:
a. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En los dos últimos supuestos se requiere el ejercicio legal de la ciudadanía, con un mínimo de cinco (5) años.
b. Tener como mínimo treinta (30) años de edad.
c. Tener una residencia mínima e inmediata en el Partido de Morón de cinco (5) años.
d. Tener domicilio en el Partido de San Andrés de Giles con una antigüedad mínima e inmediata de diez (10) años.
e. Acreditar condiciones de idoneidad y conducta adecuadas para el ejercicio del cargo.
f. No podrá ser designado para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo el concursado, que se encuentre en estado de quiebra, quien esté inhibido, quien haya sido condenado por delito doloso o inhabilitado para ejercicio profesional en sede penal. En idéntico sentido, no podrá ser designado aquel profesional que hubiera recibido sanciones graves por parte del Colegio o Consejo profesional que corresponda a su actividad.
g. Tampoco podrá ser designado en este cargo quien hubiese sido exonerado o declarado cesante con causa en los cuadros de la administración pública nacional, provincial o municipal, del Poder Legislativo o Judicial.
h. No ser deudor de cuota alimentaria, establecida a favor de sus hijos, ya sea por convención particular, acuerdo judicial o sentencia.

Incompatibilidades.
Artículo 10º: La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra función pública o el ejercicio de la actividad comercial, laboral o profesional dentro y fuera del partido de San Andrés de Giles, excepto la docencia, siempre que el ejercicio de la misma no interfiera con el normal desempeño de sus funciones. Asimismo, también se le encuentra vedada la actividad y/o afiliación político partidaria, gremial y/o sindical. El cargo también es incompatible con la participación y/o vinculación directa o indirecta en cualquier empresa, sociedad o persona jurídica y/o física vinculada con la Municipalidad de San Andrés de Giles bajo cualquier carácter, modalidad, tipo o forma contractual.
Cese de Incompatibilidades.
Artículo 11º : En caso de que al momento de su designación el Defensor del Pueblo se encontrare comprendido en alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo precedente, deberá cesar en la misma dentro de los diez (10) días siguientes a su elección. Caso contrario y vencido dicho período, la persistencia en alguna situación de incompatibilidad será considerada como renuncia al cargo para el que fue designado, produciéndose el cese en sus funciones de forma automática.
Incompatibilidades posteriores a la culminación del mandato.
Artículo 12º: Al momento de tomar posesión de su cargo, el Defensor del Pueblo y su Adjunto, asumen el compromiso público de no desempeñar cargos en la Administración Pública Municipal, sean electivos o por designación, durante los 3 (tres) años siguientes al cese de sus funciones.
CAPITULO III
LEGITIMACION, ACTIVIDAD, PRERROGATIVAS
Legitimación.
Artículo 13º: Podrá requerir la intervención del Defensor del Pueblo toda persona física o jurídica, asociaciones o entidades intermedias reconocidas por la Municipalidad de San Andrés de Giles, que invoquen un derecho o interés particular, colectivo o comunitario afectado o comprometido por actos, hechos u omisiones de los organismos enunciados en el artículo 1º. La legitimación para dirigirse al Defensor del Pueblo será interpretada con amplitud y flexibilidad. Queda expresamente prohibida la actividad de gestores e intermediarios.
Actividad, Prerrogativas.
Artículo 14º: La actividad del Defensor del Pueblo es continua y permanente y no será interrumpida durante los períodos de receso del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 15º: El Defensor del Pueblo desempeñará sus funciones con autonomía funcional. Sólo él determinará a qué casos dará curso. Su actuación no estará sujeta a formalidad alguna, procediendo de oficio o a requerimiento de parte.
Artículo 16º: El Defensor del Pueblo carecerá de facultades para intervenir, debiendo excusarse de hacerlo, cuando:
a) El hecho sobre el cual se le requiere se encuentre tramitando en sede judicial.

b) Hubieren transcurrido más de dos (2) años contados a partir de la fecha en que el recurrente tomare conocimiento del hecho motivo de la queja.

CAPITULO IV
FUNCIONES, ATRIBUCIONES, DEBER DE COLABORACION
Artículo 17º: Son funciones del Defensor del Pueblo:
a. Atender los reclamos o denuncias a que se refieren los artículos 1º y 2º de la presente Ordenanza, formulados por los damnificados y/o denunciantes;
b. Velar por la correcta aplicación de la legislación vigente por parte de los funcionarios y agentes a que se refieren los artículos 1º y 2º y gestionar ante ellos la rápida solución de los casos que se presenten;
c. Elaborar un informe anual que contenga un resumen de todos los casos tratados durante el año calendario anterior y las recomendaciones a que los mismos hubieren dado lugar, la totalidad de las gestiones efectuadas por la defensoría y la rendición de cuentas correspondiente a las partidas presupuestarias asignadas para dicho período;
d. Solicitar informes referidos a las denuncias recibidas y formular recomendaciones o sugerencias que considere necesarias al respecto. Dichos informes, recomendaciones o sugerencias serán dirigidos directamente a las distintas dependencias de los organismos municipales mencionados en los artículos 1º y 2º de esta Ordenanza, quienes deberán responder por escrito en un plazo no mayor a los treinta (30) días, elevando a su superior jerárquico copia del escrito. Las recomendaciones no tendrán fuerza vinculante; no obstante lo cual si no recibiere respuesta, lo pondrá en conocimiento de la máxima autoridad municipal del área correspondiente, sin perjuicio de poder incluirlas en el informe anual.

Artículo 18º: Para el cumplimiento de las funciones indicadas en el artículo precedente, el Defensor del Pueblo tendrá las siguientes atribuciones, las que no afectan de modo alguno las inmunidades y prerrogativas del Intendente y Secretarios del Departamento Ejecutivo:
a. Requerir de las dependencias municipales correspondientes las informaciones y colaboraciones que juzgue necesarias y la remisión de las respectivas actuaciones o expedientes o su copia certificada;
b. Solicitar los informes y el envío de la documentación o su copia certificada a las entidades públicas o privadas, a fin de favorecer el curso de las investigaciones;
c. Solicitar, para la investigación de uno o varios casos determinados, la colaboración de empleados y funcionarios del Departamento Ejecutivo y de los entes y organismos mencionados en los artículos 1º y 2º;
d. Delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Adjunto;
e. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal para actuar en defensa de los derechos o intereses referidos en el artículo 1º de la presente Ordenanza.

Artículo 19º : El Departamento Ejecutivo en su conjunto, incluyendo al personal en todas sus jerarquías y a las autoridades de los organismos mencionados en los artículos 1º y 2º

la presente Ordenanza, deberá facilitar la tarea del Defensor del Pueblo, su Adjunto o funcionarios expresamente delegados por el primero, disponiendo sus requerimientos en tiempo y forma.
CAPITULO V
ALCANCE DE LAS POTESTADES
Artículo 20º: El Defensor del Pueblo carecerá de competencia para modificar, revocar, sustituir o anular los actos administrativos emanados de los organismos mencionados en el artículo 1º de la presente Ordenanza, o para obligarlos a obrar en un sentido determinado en cuanto a las actividades específicas a cargo de ellos.
Sin embargo, si como consecuencia de sus investigaciones arribase a la conclusión de que el cumplimiento de determinada norma municipal provoca situaciones injustas, irregulares o inconvenientes, podrá sugerir al órgano competente la modificación respectiva.
CAPITULO VI
BASES Y EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 21º: El Defensor del Pueblo, dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de su asunción, propondrá un Reglamento de Organización Interna y de Procedimiento para su aprobación por parte del Honorable Concejo Deliberante.
Forma de las Presentaciones.
Artículo 22º: Sin perjuicio de lo que fije el Reglamento Interno y de Procedimiento, toda denuncia, reclamo o petición dirigida al Defensor del Pueblo se presentará por escrito, con la firma del o de los presentantes, consignando nombre, domicilio o sede social y número de documento. Dicho escrito deberá contener una relación fundada de los hechos planteados, pudiéndose acompañar toda documentación que el presentante estime pertinente. En el caso de ser oral, el funcionario que la reciba labrará un acta de la misma, la que deberá ser suscripta por el denunciante.
En todos los casos, el Defensor del Pueblo acusará recibo del reclamo o de la denuncia recibida. Si resolviera rechazarla, lo hará mediante Resolución fundada dirigida al presentante.
Efecto de las Presentaciones.
Artículo 23º: Si el acto, hecho u omisión denunciado se hallare pendiente de una Resolución judicial o administrativa, el Defensor del Pueblo suspenderá la tramitación hasta conocer los resultados de la vía instaurada.
Las presentaciones ante el Defensor del Pueblo no interrumpirán ni suspenderán el curso de los plazos previstos en el ordenamiento jurídico para la interposición de recursos o reclamos administrativos o para deducir pretensiones en sede judicial.
Artículo 24º: Cuando el Defensor del Pueblo, con motivo de las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una conducta presumiblemente delictiva, lo pondrá de inmediato en conocimiento del Juez competente en los términos del artículo 279º del Código Penal, y de conformidad con los artículos 241º, 242º y concordantes

Con la Ley Orgánica de las Municipalidades, comunicándolo a su vez al Presidente del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 25º: El Defensor del Pueblo informará a la parte interesada sobre el resultado de los procedimientos a su cargo. Deberá efectuar similar comunicación al órgano a cuyo cargo se halla el control, la regulación o fiscalización del bien, obra, actividad o servicio prestado por personas privadas.
CAPITULO VII
DEFENSOR DEL PUEBLO ADJUNTO
Artículo 26º: El Honorable Concejo Deliberante podrá designar un Adjunto a propuesta del Defensor del Pueblo, que lo asistirá en las tareas que éste le delegue, pudiendo reemplazarlo provisoriamente en caso de enfermedad, ausencia o cese. La designación, se hará en Sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Artículo 27º: El Adjunto, en su calidad de auxiliar del Defensor del Pueblo, es directamente responsable de su gestión ante el mismo, en virtud del carácter unipersonal de la institución.
Artículo 28º: Se requieren para ser Defensor del Pueblo Adjunto las mismas condiciones y le asisten las mismas incompatibilidades que al titular, permaneciendo en su cargo mientras dure el mandato de este último. Únicamente en caso de que el Defensor del Pueblo titular no fuera de profesión abogado, deberá serlo indefectiblemente su Adjunto.
Artículo 29º: El Adjunto cesará en sus funciones por las mismas causales establecidas en el artículo 11º para el titular. Asimismo, también podrá ser removido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Honorable Concejo Deliberante a propuesta del Defensor del Pueblo titular, quien en tal supuesto, deberá fundamentar debidamente los motivos que dieron origen a su propuesta.
CAPITULO VIII
PRESUPUESTO. REMUNERACIONES
Artículo 30º: El Honorable Concejo Deliberante propondrá al Departamento Ejecutivo la asignación de las partidas presupuestarias pertinentes y la aprobación de una estructura administrativa adecuada a la misión y funciones de la Defensoría del Pueblo de San Andrés de Giles.
Artículo 31º: El Defensor del Pueblo titular percibirá una remuneración equivalente al ciento veinticinco (125%) de la Dieta de un Concejal, mientras que el Defensor del Pueblo Adjunto percibirá una remuneración equivalente al setenta y cinco (75 %) de lo percibido por el titular.
CAPÍTULO IX

CESE Y REMOCIÓN
Cese.
Artículo 32º: El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones por las siguientes causas:
a. Renuncia.
b. Expiración del plazo de su mandato.
c. Muerte.
d. Remoción.

Artículo 33º: En el caso de los incisos a), b), c) del artículo anterior, a excepción del supuesto de incapacidad sobreviviente, la vacante en el cargo será declarada por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, a efectos de poner en marcha el procedimiento para su reemplazo.
Remoción.
Artículo 34º: Para la remoción del Defensor del Pueblo, serán de aplicación las causales y el procedimiento establecidos en el Capítulo X – Título I de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 35º: Una vez producida la vacante en el cargo por cualquiera de las causales referidas en los artículos precedentes, el Honorable Concejo Deliberante procederá a designar un nuevo Defensor del Pueblo, siguiendo el procedimiento previsto en el Capítulo II de la presente Ordenanza.
CAPITULO X
INFORMES, PUBLICIDAD DE LAS ACTUACIONES Y PLAZOS
Artículo 36º: El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente al Honorable Concejo Deliberante de la gestión realizada mediante un informe presentado ante el Cuerpo antes del 31 de mayo de cada año, conforme lo expresado en el artículo 17º inciso c) de la presente Ordenanza. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el Defensor del Pueblo ante el Concejo Deliberante en Sesión Especial.
Artículo 37º: Cuando la gravedad, urgencia o trascendencia pública de un hecho lo imponga, el Defensor del Pueblo podrá presentar un informe especial que dirigirá al Honorable Concejo Deliberante a través de la formación del expediente respectivo. Asimismo, también deberá hacerlo a requerimiento del Cuerpo.
Artículo 38º: El informe anual y en su caso los especiales, no requerirán aprobación del Honorable Concejo Deliberante y serán remitidos al Departamento Ejecutivo; que procederá a la publicación del Informe Anual dentro de los sesenta (60) días de recepcionado el mismo.
Artículo 39º: Las investigaciones que realice el Defensor del Pueblo, así como los trámites procedimentales originados en quejas, peticiones o decisiones de oficio, tendrán carácter público. Excepcionalmente podrá disponerse que las mismas se realicen bajo reserva o secreto, siempre que con ello se favorezca el esclarecimiento o la determinación de los hechos investigados.

Artículo 40º: Cualquier organismo municipal que reciba correspondencia dirigida al señor Defensor del Pueblo tendrá obligación de remitírsela en un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de su recepción.
Artículo 41º: Los plazos establecidos en la presente Ordenanza serán computados en la forma de días corridos.
Artículo 42º: Previa promulgación, encomiéndese al Departamento Ejecutivo dar en amplia difusión a través de los medios de comunicación locales.
Articulo 43º: Cúmplase
Articulo 44º: De forma.
ANEXO I
TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 86 DE LA CONSTITUCION NACIONAL ARGENTINA.

Capítulo Séptimo
Del Defensor del Pueblo
Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.
ANEXO II
TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 55 DE LA CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Art. 55 – El Defensor del Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de
los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la administración pública, fuerzas
de seguridad, entes descentralizados o empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo,
defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los
servicios públicos que tenga a su cargo la provincia o sus empresas concesionarias.
ANEXO III
TRANSCRIPCION DEL ARTICULO 279 DEL CODIGO PENAL

ARTICULO 279.- 1. Si la escala penal prevista para el delito precedente fuera menor que la establecida en las disposiciones de este Capítulo, será aplicable al caso la escala penal del delito precedente;
2. Si el delito precedente no estuviere amenazado con pena privativa de libertad, se aplicará a su encubrimiento multa de mil pesos ($ 1.000) a veinte mil pesos ($ 20.000) o la escala penal del delito precedente, si ésta fuera menor. (Frase "No será punible el encubrimiento de un delito de esa índole, cuando se cometiere por imprudencia, en el sentido del artículo 278, inciso 2;" vetada por Decreto N°370/2000 B.O. 10/5/2000)
3 Cuando el autor de alguno de los hechos descriptos en el artículo 277, incisos 1 ó 3, o en el artículo 278, inciso 1, fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años. La misma pena sufrirá el que hubiera actuado en ejercicio u ocasión de una profesión u oficio que requirieran habilitación especial. (Inciso sustituido por art. 3° de la Ley N°25.815 B.O. 1/12/2003)
4. Las disposiciones de este Capítulo regirán aun cuando el delito precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación especial de este Código, en tanto el hecho precedente también hubiera estado amenazado con pena en el lugar de su comisión.
(Artículo sustituido por art. de la Ley N°25.246 B.O.10/5/2000. Vetada parcialmente por Decreto N°370/2000 B.O.10/5/2000)
ANEXO IV
TRANSCRIPCION DE LOS ARTICULOS 241 Y 242 DE LA LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

CAPITULO IX
RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES

ARTICULO 241°: Esta ley establece el principio de responsabilidad de los funcionarios municipales por
todo acto que autoricen, ejecuten o dejen de ejecutar excediéndose en el uso de sus facultades o
infringiendo los deberes que les conciernen en razón de sus cargos. Con arreglo al mismo, todo
funcionario o empleado que desempeñe mandato conferido políticamente o cumpla funciones
administrativas, estará obligado a resarcir a la Comuna o a terceros, los daños y perjuicios emergentes
de sus actos personales, pero no contraerá responsabilidad alguna por sus actos de servicio.
Considéranse actos de servicio los que el funcionario o empleado deba ejecutar en obediencia a las
leyes, ordenanzas, reglamentos y estatutos del régimen municipal, y actos personales los que realice en
infracción a las disposiciones de esos instrumentos administrativos.
ARTICULO 242°: El antedicho principio de responsabilidad, asume las formas: política, civil, penal y
administrativa, de conformidad con los preceptos de la Constitución, códigos y leyes aplicables en cada
caso. La responsabilidad política se deslindará de acuerdo con la Constitución Provincial y esta Ley
Orgánica y las responsabilidades civiles y penales serán ventiladas ante los jueces ordinarios. La
responsabilidad administrativa de los funcionarios será determinada y graduada en su alcance por los
órganos creados con tal finalidad y por el Tribunal de Cuentas, este último en todo lo concerniente a la
actividad económico-financiera de los municipios y a la preservación de sus patrimonios.

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